Ibrahim Traoré, cuatro años al frente de Burkina Faso: ¿qué ha cambiado para la gente?

Ibrahim Traoré gobierna un país cuya realidad va mucho más allá de su figura. Burkina Faso está en África occidental, en el Sahel, la franja al sur del Sáhara. Sin salida al mar y con unos 24 millones de habitantes en 2025, sostiene buena parte de su economía en la agricultura y la minería.

Pero esa actividad económica convive con una crisis que precede a Traoré: el país sufre ataques de grupos armados desde 2015. A la violencia se suman las dificultades para conseguir alimentos y los fenómenos climáticos extremos. En ese contexto, UNICEF, el organismo de Naciones Unidas para la infancia, estimaba que 4,5 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria en 2026, entre ellas 2,9 millones de niños. Son necesidades de comida, agua, atención sanitaria o protección.

Fue en ese contexto de inseguridad donde Traoré pasó del ejército al poder. Era un capitán de 34 años cuando encabezó el golpe de septiembre de 2022, con el que derrocó al teniente coronel Paul-Henri Damiba. Su antecesor había tomado el poder con otro golpe apenas ocho meses antes, y los nuevos golpistas justificaron su destitución por el deterioro de la seguridad. La protección de la población fue, por tanto, una de las razones con las que justificaron el golpe.

Cuatro años después, esa justificación lleva a preguntarse qué ha cambiado para la gente. Para contarlo, nos basamos en lo que se sabía hasta el 1 de octubre de 2026. El análisis une tres cuestiones: las libertades, la seguridad y el uso de la riqueza del país. Hay cambios concretos, aunque no todos permiten concluir que la población viva mejor.

Para empezar, han cambiado las condiciones de su permanencia en el poder. Las reglas aprobadas en 2022 fijaban un periodo provisional de 21 meses que debía acabar con elecciones a las que Traoré no podía presentarse. Sin embargo, en 2024, se estableció un nuevo periodo de cinco años y se permitió su candidatura. El compromiso inicial cambió, aunque no hemos podido confirmar qué calendario electoral rige tras los nuevos cambios de 2026.

Ahora bien, para entender cómo se ejerce ese poder también hay que mirar el espacio que queda para informar sobre él. En abril de 2024, las autoridades suspendieron temporalmente las emisiones de BBC Afrique, de la BBC británica, y de VOA, la Voz de América estadounidense, y bloquearon sus webs después de que difundieran un informe sobre ataques contra civiles. La agencia estatal explicó esa relación y Reporteros Sin Fronteras, una organización no gubernamental que defiende la libertad de prensa, documentó nuevas suspensiones. Estas restricciones afectan precisamente a la información que permite contrastar la actuación de las autoridades.

Ese contraste resulta especialmente necesario en la seguridad, la cuestión que los golpistas invocaron para tomar el poder. Para quienes viven entre ataques y desplazamientos, se traduce en algo muy concreto: poder volver a casa, recibir alimentos o llevar a sus hijos a la escuela. El Gobierno anuncia recuperaciones de territorio y reaperturas de servicios. Esos anuncios deben leerse junto a lo que ocurre sobre el terreno, porque recuperar una zona no significa que su vida cotidiana se haya normalizado.

La carretera entre Kaya y Dori permite ver esa diferencia. Según UNICEF, durante 2025 mejoró su seguridad, pero en Dori seguían faltando productos y subiendo los precios porque los convoyes de abastecimiento no llegaban con suficiente frecuencia. La mejora de seguridad todavía no resolvía, por tanto, el abastecimiento.

Y el abastecimiento es solo una parte de esa seguridad cotidiana: también importa de quién hay que proteger a los civiles. La organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch atribuyó ataques de 2023 a 2025 a miembros del ejército, a los Voluntarios para la Defensa de la Patria, civiles armados que apoyan al ejército, y al JNIM, una alianza de grupos armados formada en el vecino Malí y vinculada a Al Qaeda. Por su parte, el Gobierno rechazó el informe y cuestionó su método. Las responsabilidades deben investigarse: pertenecer a una comunidad o vivir en un territorio no convierte a nadie en combatiente.

Además de vivir a salvo de los ataques, la población necesita ingresos y servicios. Ahí entra el oro, una de las riquezas de Burkina Faso. El Estado adquirió activos de dos minas y aprobó transferirlos a una empresa pública. En septiembre de 2026 se inauguró además una refinería para procesar el oro dentro del país. Con estas decisiones amplía su control sobre esa riqueza; queda por comprobar cuánto producen las inversiones y qué beneficio dejan a la población.

Para valorar ese beneficio hay que distinguir, además, los efectos de las decisiones del Gobierno de otros factores económicos. El Fondo Monetario Internacional, que asesora y presta dinero a los países, relacionó la evolución minera de 2025 tanto con reformas como con el elevado precio del oro. Si ampliamos la mirada más allá de la minería, el Banco Mundial, que financia proyectos de desarrollo, estimó una reducción de la pobreza extrema en 2024, cuando la mejora económica estuvo especialmente ligada a la agricultura y los servicios. Es una mejora relevante para los hogares, pero no demuestra por sí sola que proceda de la riqueza minera.

Al volver a la pregunta inicial, aparecen cambios claros y resultados todavía incompletos. Las reglas de 2024 dieron a Traoré más tiempo en el poder y permitieron su candidatura, mientras existen restricciones para informar sobre su Gobierno. En la carretera entre Kaya y Dori mejoró la seguridad, pero el abastecimiento siguió siendo difícil; además, los ataques contra civiles impiden dar por resuelta la cuestión de su protección. Y aunque el Estado controla más recursos mineros, sigue abierta la pregunta de cuánto mejora la vida de la población gracias a ello.