El Tribunal Supremo de Estados Unidos protege la ciudadanía por nacimiento: qué cambia y cómo se cuenta

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió el 30 de junio de 2026 que los niños nacidos en el país son ciudadanos aunque sus padres no tengan papeles o solo cuenten con un permiso temporal. Con esa sentencia, conocida como Trump contra Barbara, rechazó la orden que Donald Trump firmó en su primer día de vuelta en la Casa Blanca para dejar de reconocer a esos bebés. La orden nunca llegó a aplicarse: los jueces la frenaron antes de que entrara en vigor.

Barbara es el seudónimo de una solicitante de asilo hondureña que vive en New Hampshire y estaba embarazada cuando se sumó a la demanda, según contó el Concord Monitor a partir de los documentos judiciales. La organización de derechos civiles ACLU la planteó como una demanda colectiva, en nombre de todos los bebés afectados. Era la vía que quedaba: ese mismo día, en el caso CASA, el Supremo había limitado la capacidad de los jueces para proteger a quien no forma parte de un pleito.

Seis de los nueve jueces votaron contra la orden, pero solo cinco lo hicieron porque la Constitución protege a esos niños: el presidente del tribunal, John Roberts, y las juezas Sotomayor, Kagan, Barrett y Jackson. Brett Kavanaugh se sumó porque la orden chocaba con una ley del Congreso que, a su juicio, podría cambiarse. Thomas, Alito y Gorsuch discreparon. El matiz tiene consecuencias: si el derecho está en la Constitución, una ley no basta para retirarlo y haría falta reformarla. Aun así, Trump pidió ese mismo día al Congreso que lo eliminara mediante una ley, según recogieron ABC y Europa Press. La web de verificación FactCheck.org calificó de dudosa esa salida.

El desacuerdo de fondo cabe en una expresión de la Constitución: son ciudadanos quienes nacen en el país y están «sujetos a su jurisdicción». Para la mayoría, eso significa estar sometido a sus leyes, como lo está cualquier inmigrante; las excepciones son quienes la ley trata como si estuvieran fuera, como los diplomáticos o las tropas enemigas. Para el Gobierno y los jueces que discreparon, exige además un vínculo estable de lealtad con el país, una residencia permanente que no tendrían quienes están sin papeles o de paso.

La disputa no terminó ahí. El 6 de agosto, Trump firmó otra orden dirigida a grupos más concretos. Entre ellos están los hijos de empleados de gobiernos extranjeros, de miembros de organizaciones que Estados Unidos considera terroristas y de quienes pagan por conseguir la ciudadanía del bebé, con viajes para dar a luz o con gestación subrogada. La orden cita la propia sentencia y estira sus excepciones. Una jueza de Maryland volvió a proteger de forma provisional a los niños de otra demanda colectiva, y el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que no puede aplicarles su nueva norma. Hemos seguido los tribunales hasta el 9 de septiembre.

Para entender por qué este derecho despierta tanta disputa hay que volver al siglo XIX. En 1857, en el caso Dred Scott, el Supremo negó la ciudadanía a los descendientes de africanos esclavizados, aunque fueran libres. Tras la guerra civil, la Decimocuarta Enmienda, de 1868, reconoció como ciudadanos a quienes nacieran en el país. En aquel debate, los excluidos también alzaron la voz: Frederick Douglass, que había escapado de la esclavitud, pidió en 1866, en su ensayo Reconstruction, que el voto no dependiera del color de la piel.

Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos nacido en San Francisco, tuvo que preparar una declaración ante notario para poder volver de un viaje, y aun así le negaron la entrada en 1895. En 1898, el Supremo le dio la razón. Ese es el precedente en el que se apoya la sentencia de junio, y hoy se lee de dos maneras: sus padres eran súbditos del emperador de China, pero vivían de forma permanente en Estados Unidos. Los pueblos indígenas recorrieron otro camino: durante décadas no se les consideró ciudadanos por nacer en el país, y la ciudadanía les llegó por leyes del Congreso, la última en 1924. Mientras tanto, se organizaron para reclamar autogobierno.

La idea de limitar este derecho tampoco es nueva. En 2018, Trump ya aseguró que podía acabar con él mediante una orden, según informó NPR, y en el Congreso se han presentado proyectos de ley con el mismo fin. La orden de 2025 convirtió esa idea en una medida del Gobierno.

Los medios coincidieron en lo esencial, pero casi todos los titulares que hemos revisado pusieron en el centro a Trump y su derrota, no a los niños. Fox habló de una «gran derrota»; The Guardian, de un «golpe» a su agenda; Europa Press, de que el Supremo «tumba» su orden. Solo Telemundo, la cadena en español, llevó a su primer párrafo a las familias de estatus migratorio mixto, y ni siquiera allí hablan.

Las diferencias de precisión aparecieron en el reparto de votos. Associated Press y Europa Press lo explicaron desde el principio. El País lo resumió así: «con seis votos a favor y tres en contra, el Supremo consideró inconstitucional un decreto». La frase mezcla resultado y fundamento, aunque el mismo párrafo lo matiza después. Desde fuera, Al Jazeera recordó que al menos otros 30 países, entre ellos Canadá, México, Brasil o Argentina, reconocen un derecho parecido. Son diferencias de precisión y de énfasis, no pruebas de un sesgo permanente de ningún medio.

La misma confusión llegó a las redes. En un foro de Reddit sobre el Supremo, un usuario preguntaba por qué se hablaba de seis votos y de cinco. El periodista Chris Geidner lo aclaró en Bluesky: cinco contra cuatro sobre la Constitución y seis contra tres sobre la ley. En otro foro, alguien propuso retirar la ciudadanía a los hijos de personas sin papeles, y otros usuarios le recordaron que la de nacimiento no puede anularse como una naturalización. Son ejemplos de espacios pequeños —no hemos observado grandes plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o X— y no sirven para saber qué piensa el país.

Para eso hacen falta encuestas. Antes del fallo, el 69 % de los votantes consultados por la Universidad Quinnipiac quería mantener el precedente, pero el 53 % de los republicanos prefería revertirlo. Después, la Universidad Marquette registró un 63 % de apoyo a la decisión. Hay una mayoría clara, pero dividida por partidos, y eso ayuda a entender que la batalla se traslade al Congreso.

Según una estimación del centro Pew con datos de 2023, la orden de 2025 habría alcanzado a unos 260.000 bebés al año, cerca del 7 % de los nacimientos. El Migration Policy Institute, citado por Al Jazeera, llega a una cifra parecida. Ninguno perdió la ciudadanía, porque la orden no se aplicó. El mismo dato puede contarse de otra manera: el Washington Times tituló sobre una oleada de «anchor babies», «bebés ancla», una etiqueta que convierte a los recién nacidos en herramientas de sus padres.

Detrás de las cifras hay familias. En CBS Colorado, Judith Padilla contó el alivio que sintió tras la sentencia: la ciudadanía de su hija le había facilitado la atención médica que necesitaba. Es la única voz familiar directa que hemos encontrado. Las familias aparecen como afectadas, pero rara vez hablan, en la prensa y también en nuestra búsqueda.

Quienes sí hablaron, y mucho, fueron los políticos. El abogado del Gobierno ante el Supremo, John Sauer, se refirió a extranjeros llegados de «naciones potencialmente hostiles» para dar a luz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, habló de «abuso». El congresista republicano Andy Ogles fue más lejos: en un comunicado oficial aseguró que no dejará que esos «bebés ancla» «colonicen» el país. Criticar una sentencia es legítimo; presentar a unos niños como instrumentos o invasores es otra cosa, y más cuando el Supremo acaba de confirmar que son ciudadanos. El turismo de parto es otro asunto, y desde 2020 ya tiene su propia norma de visados.

El lenguaje duro no es exclusivo de un lado: también hay quien habla de «régimen» o de xenofobia al criticar al Gobierno. La diferencia está en el destinatario. Criticar a un Gobierno o una medida no es lo mismo que señalar a personas por su origen.

La sentencia protege a estos niños desde la Constitución: ni una orden ni, según la mayoría del tribunal, una ley pueden retirarles la ciudadanía. La diferencia que más importa no está entre periódicos, sino en cómo se usa el voto de Kavanaugh: como un matiz jurídico o como argumento para pedir al Congreso lo que la mayoría no permite. Y el lenguaje más dañino no procede solo de usuarios anónimos, sino también de cargos públicos con gran capacidad de difusión. Queda por ver qué deciden los tribunales sobre la nueva orden y qué papeles tendrán que presentar las familias.